Con la firma de un convenio entre el Instituto de la Vivienda y el Municipio local para el reinicio de la obra de construcción de las 28 viviendas del “proyecto ARE”, si bien no se soluciona definitivamente el largo proceso de esta obra, al menos se renueva la esperanza de 28 familias en particular y un pueblo en general, que ha visto de cerca hasta donde se puede llegar a tramar un engaño sabiendo que existe impunidad avalada desde los más altos niveles del poder.
En la sesión del HCD, en donde se trató la convalidación del convenio, hubo pocos oradores, pero no se escatimaron elogios a quienes han logrado, al fin, reencauzar la obra sin mencionar el largo proceso que se inició en 2015, cuando vaya a saber uno quien vinculó a ARE con la Municipalidad y se comenzó a buscar terrenos para 50 casas.
Por Ordenanza 1710 del 23 de abril de 2015 se transfirieron los terrenos y si bien las primeras 22 viviendas se construyeron y están habitadas desde hace varios años, las 28 de la RP 86 y Acceso Eva Perón se constituyeron en el objeto de la ¿estafa?.
Del análisis de todo lo que ha sucedido desde el 2015 a la fecha, se desprende que en esto hay responsabilidades compartidas, aunque nadie quiera reconocerlo por el costo político que ello conlleva o por la calificación que merece cada uno de los protagonistas.
Cada “Postulante” como define ARE a quienes accedieron a poner 250 mil pesos de ese momento, para asegurar una vivienda, no lo hicieron en una actitud espontánea, hubieron “asesores” que aconsejaron la inversión, habida cuenta de los “antecedentes comprobados” de ARE.
A inicios del 2017, la empresa recaudó siete millones de pesos en efectivo, entregó un recibo y comenzó la obra, que sufrió, con el paso del tiempo, innumerables inconvenientes y paralizaciones.
Como se podía sospechar el camino que había tomado el tema, se evitaba tratar con seriedad la situación y cada tanto se daba alguna noticia esperanzadora. Para eso, un funcionario que decía tener alguna amistad en el organismo responsable, cada tanto, extraoficialmente, brindaba detalles de “su gestión” y aventuraba una inmediata fecha para la reiniciación de los trabajos.
El tiempo fue pasando, se entrecruzaron imputaciones muy parecidas a las habituales “chicanas”, hasta que un día, el dictamen de un funcionario provincial, le puso nombre a la ¿estafa? Sin dar apellido de los responsables.
Oficialmente se reconocía que ARE había percibido fondos por un avance de obra que no concordaba con lo construido, se ampliaba en detalles y fue este documento el factor determinante para la rescisión del contrato entre el organismo provincial y la Asociación Regional de Emprendedores.
Ya cercanos en el tiempo, aparecen nuevas autoridades provinciales, ordenamientos de todo lo actuado, para concluir con el convenio entre “El Instituto” y “El Municipio”, para terminar la obra.
Si una enseñanza ha dejado este largo proceso por el que se ha perjudicado a 28 familias a la vista de todos, es a ser prudente, por eso habrá que esperar que lo resuelto ahora, tenga el final previsto y no se vaya a convertir en otra estación del calvario que transitan.
Lo dijo Aristóteles, aunque por hacerlo nac&pop se la haya adjudicado a alguien del sector castrense, “la única verdad es la realidad”, sería importante no generar falsas expectativas y esperar hasta que todo vaya por el camino que conduce al final de la obra, porque si se analiza el convenio, en el final del artículo segundo, que habla del aporte financiero dice: “El mencionado aporte financiero, estará condicionado a las disponibilidades presupuestarias y financiera del Instituto” ¿y si no hay plata?.
Y pasando a otro tema, basado en lo que expresaba un concejal al que le parece que el proyecto de las 28 casas fue una estafa, ¿A dónde fueron a parar los siete millones pagados de antemano? Si el Instituto no los tiene y “nunca se enteró del pago de las 28 familias”, ¿quiere decir que ese dinero se perdió? En ese caso lo que le parece al concejal es una certeza muy parecida a una estafa.