El oficialismo en el Senado avanzó con el trámite exprés del proyecto de ley que amplía el régimen de zona fría, incorporando nuevas provincias y localidades del país al beneficio de tarifas diferenciales de gas, con reducciones entre un 30% y 50%.

Luego de la exposición del interventor del ENARGAS, Federico Bernal, se pasó a la firma la iniciativa que tuvo media sanción de Diputados el pasado 10 de junio. De esta manera, el Frente de Todos tiene previsto sancionar la ley la semana que viene en el recinto de la Cámara alta.

Durante un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, Bernal explicó que el régimen “se financia con un recargo sobre el precio del gas natural en PIST aplicable al volumen comercializado en el país que no puede superar el 7,5%. Actualmente el nivel del recargo se ubica en 4,46%”.

“Se prevé que para 2021 el recargo sea de 5,44%, un punto porcentual de aumento; esto generaría un impacto mínimo en las facturas de los usuarios, un promedio de 0,5% por factura”, agregó y aclaró que “la propuesta no requiere aportes del Tesoro Nacional”.

El funcionario detalló los descuentos del 30% al 50% “dependiendo de la vulnerabilidad económica de los usuarios” y destacó que “el beneficio, que reconoce una demanda histórica, se extiende al 44% de los usuarios de gas por redes del país”.

En la actualidad, hay 849.965 beneficiados con el régimen que contempla a la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), al que con esta ley se sumarían “3,1 millones de nuevos beneficiarios, con lo cual pasamos a un total de 4 millones, con una potencialidad de incorporación de 181 mil usuarios”.

“De 10 provincias y 79 departamentos se pasa a 15 provincias y 231 departamentos, con la potencialidad de incorporar dos provincias (Tucumán y Catamarca)”, precisó el interventor del ENARGAS, que dijo que la clasificación de zonas bioambientales “nos han permitido fijar criterios para la incorporación de las nuevas zonas que se suman”.

En una exposición pormenorizada, Jorge Deferrari, gerente de distribución del ente, detalló las zonas incluidas de acuerdo a una norma del IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) de 2012.

Al respecto, Bernal informó que se “está trabajando en la actualización de estas normas”, porque la de 2012 “se basa en la recopilación de datos del acumulado de diez años atrás”. En esa línea, ejemplificó que la nevada registrada este miércoles en Córdoba Capital también se dio “en el sur de Punilla, que hoy por hoy no entra en la ampliación”.

“Este proyecto representa una contribución extraordinaria, inédita”, consideró, al afirmar que se trata de ver a “un servicio público como derecho social que garantiza derechos humanos”. “Tenemos una inmejorable oportunidad para adentrarnos en el debate de fondo que requiere la energía y los servicios públicos en nuestro país”, continuó.

A modo de ejemplo, señaló que en el consumo promedio, una casa en una zona no fría gasta 850 pesos por mes, mientras que un hogar de similares características en una zona fría consume el doble, 1.500 pesos. A partir del ingreso disponible en hogares de zona fría por la reducción en la tarifa de gas, esos usuarios tendrán 650 pesos más por mes, 8.500 pesos más por año, para poder destinar “a educación, salud, ropa y calzado, alimentos, recreación y cultura”.

“La Argentina se colocará a la vanguardia mundial de países de nuestras mismas latitudes en materia de servicios públicos y está muy bien que así lo haga, para ser más precisos es una obligación que lo haga dado nuestra geografía”, expresó, y mencionó que “Australia y Nueva Zelanda, también en el hemisferio sur, tienen monumentales programas de asistencia para equilibrar los mayores gastos de facturas de invierno a su población”.

Para Bernal, “en Argentina no tenemos una tarifa diferenciada de invierno, pero lo que vamos a tener de aprobarse esta ley es algo muy superior y entiendo que es único en los países de nuestras latitudes”. Sobre ello, dijo que “el reclamo histórico” de usuarios “no es porque quieran derrochar, sino que lo piden porque quieren un servicio público más justo, más equitativo”.

Con gráficos, el funcionario apuntó que la provincia de Buenos Aires “recibe 1,25 millones de nuevos usuarios por este beneficio, eso equivale al 31%” de los usuarios. En el caso de Córdoba, “la ampliación impacta sobre el 85% de usuarios de gas. Estamos hablando de 2 millones de personas, un 55% de la población provincial”.

“Lo mismo para la provincia de Santa Fe: 76% de los usuarios de gas beneficiados, casi 2 millones de personas, un 50% de la población”, añadió y ponderó que en el caso de Mendoza se alcanza “prácticamente al 99%” de los usuarios.

Para la provincia de Salta estarán contemplados “el 70% de los usuarios de gas por redes, 400 mil personas, el 28% de su población”; para San Juan, “el 91% de los usuarios, el 45% de su población”; y para San Luis “también casi la totalidad de los usuarios” con “300 mil personas, el 57% de la población”.

Los números de la gestión Macri

Al igual que sucedió en Diputados, el debate del proyecto se vio marcado por cruces entre oficialismo y oposición por la política tarifaria durante el gobierno de Mauricio Macri. “En los cuatro años del gobierno anterior el pueblo argentino fue empobrecido energéticamente”, lanzó Bernal.

Entre varias de las preguntas que hicieron los senadores, sacó el tema el neuquino Oscar Parrilli (FdT) que consultó sobre “cuál fue el porcentaje de aumento que hubo en gas de 2016 a 2019; cuál fue la inflación en ese período y el aumento de salarios; la cantidad aproximada de nuevas incorporaciones de usuarios de 2011 a 2015 y los que se incorporaron desde 2016 a 2019; y el índice de morosidad”.

Entonces, el funcionario recordó que durante la gestión de Cambiemos “el tipo de cambio, que se utilizó para actualizar las tarifas, pasó de 11 pesos a casi 60, es decir un incremento del 424%; el índice de precios internos al por mayor se elevó 340%; el IPC -inflación-, se incrementó aproximadamente un 300%. Los salarios no acompañaron los incrementos de precios, subieron un 215%”.

Sobre la suba de las tarifas, el interventor del ENARGAS remarcó que de diciembre de 2015 a 2019 aumentaron un “1.000% para residenciales y 3.150% para PyMEs”. “El incremento sideral de las tarifas y la asfixia en materia económica que registró el país y el mercado interno implicó, en cuanto a nuevos usuarios incorporados, que entre 2016 y 2019 se consiguiera el mínimo histórico de 410 mil”.

Además, “se desconectaron 13 mil pequeñas y medianas empresas del sistema de redes” y la morosidad de “usuarios residenciales endeudados por no poder pagar se incrementó 1.283% entre 2015 y 2019, más de 3,1 millones usuarios residenciales endeudados. De cada 10 hogares, cuatro terminaron endeudados por no poder pagar la tarifa. Y de cada 10 PyMEs, cinco terminaron endeudadas”.

Hacia el final de la reunión, la vicepresidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, la mendocina Pamela Verasay (UCR), lamentó que no asistieran funcionarios de la Secretaría de Energía, porque esta medida “impacta en toda la matriz energética del país” y también subrayó que “hubiera sido correcto que el ENARGAS ya estuviera normalizado para poder opinar de una manera independiente sobre el tema”.

En ese sentido, la radical criticó haber escuchado “muchos descargos de una gestión contra la otra” y no preguntarse “en qué momento Argentina perdió el desabastecimiento energético y cuándo empezaron los problemas estructurales, porque la energía afecta a la economía y la balanza comercial”.

Sobre el proyecto, la senadora observó que “no determina en su articulado la forma en que se va a aplicar el subsidio a las personas que hoy tienen gas por garrafa. No hay gas más caro que el que paga una persona que está por fuera de la red”. “Hay una caída de usuarios no solo desde la gestión pasada, sino desde 2007“, afirmó, cosa que negó Bernal, quien volvió a repetir las cifras durante el gobierno pasado, “los peores indicadores de la historia”.

En respuesta a Verasay sobre el costo fiscal de la ley, el funcionario dijo que “los 5.000 millones de costo fiscal que tendría el Fondo Fiduciario son los 5.000 millones que se obtienen del recargo” de un punto porcentual sobre el precio del gas natural en PIST. “Esos 5.000 no los tiene que poner el Estado, vienen de la recaudación por ese recargo. Aproximadamente la mitad va a provenir de CAMMESA. No hay subsidio cruzado, porque no va a haber un incremento de las tarifas de electricidad”, argumentó.

No conforme, la legisladora advirtió que “la diferencia la va a complementar CAMMESA, deficitaria, ¿significa que lo vamos a pagar cómo? ¿Todos?”. “Esos miles de millones que faltan para implementar la medida hay que aclararlos”, reclamó.

En el cierre, otra mendocina, pero en este caso la vicejefe del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (FdT), disparó contra los senadores de Juntos por el Cambio: “No pueden decir que no están de acuerdo con este proyecto de ley porque saben que beneficia a muchos argentinos, incluso a las provincias que representan”.

La senadora enfatizó que en la gestión de Cambiemos “se dolarizó la tarifa, se dolarizó uno de los principales precios de la economía, se llevó a la pobreza energética a más de 3 millones de personas, y hubo una transferencia fenomenal del bolsillo de cada unos de los argentinos y argentinas a grandes empresas y grandes poderosos de la Argentina, que además fugaron esos dólares que hoy nos faltan”.

Para Fernández Sagasti, los legisladores de Juntos por el Cambio tienen “la oportunidad de remendar con su voto lo que hicieron cuando fueron gobierno. Tienen la posibilidad de votar a favor de la gente, como no hicieron cuando votaron en contra de la ley que retrotraía los tarifazos”.

“Esta ley es una de las leyes más importantes de los últimos 40 años para la provincia de Mendoza. Es un reclamo histórico de la provincia. Estoy feliz de poder votar esta ley”, completó.