El Fiscal que investiga la muerte de la joven Daiana Abregú, sucedida el pasado 5 de junio en la Estación de Policía Comunal de la ciudad de Laprida, resolvió hoy lunes no pedir que las detenciones de los cinco policías imputados sean convertidas en prisión preventiva.
Por tal motivo se solicitó ante el Juzgado de Garantías que interviene en la instrucción de esta causa penal que todos los agentes de seguridad recuperen la libertad.
La decisión de José Ignacio Calonje, el titular de la UFIE con asiento en Azul, estuvo basada fundamentalmente en un informe médico confeccionado desde la Dirección General de Criminalística -Unidad Criminalística de Alta Complejidad UCAC-, cuyo resultado revela que el deceso de la joven bien podría haber estado relacionado con que se haya suicidado mientras permanecía privada de la libertad en la Estación de Policía Comunal de Laprida por una causa contravencional.
Dicho estudio, de cuyo resultado el Fiscal hizo mención en el escrito presentado hoy señalando que no pedirá las prisiones preventivas de los policías investigados, revela que el mecanismo de muerte de la joven -en ese contexto de encierro en el que permanecía- estuvo relacionado con un «síndrome asfíctico secundario a una posible ahorcadura».
Los policías que todavía figuran imputados en esta Investigación Penal Preparatoria son cinco.
Todos ellos desempeñaban tareas en la Estación de Policía Comunal de Laprida ese domingo 5 de junio pasado en que la joven fuera hallada sin vida en el interior de uno de los calabozos de esa seccional.
Habían sido detenidos como los probables autores de su asesinato el pasado domingo 24 de julio.
Dos días más tarde, cuando fueron trasladados a Azul para ser indagados en sede judicial por el fiscal Calonje, todos ellos declararon y coincidieron en señalar que Daiana Abregú se había suicidado, utilizando para ello una campera de tela de jeans, que tenía puesta, con la que se ahorcó.
Esa versión, desde un principio fue sostenida también por los abogados que ejercen actualmente las defensas de los efectivos de seguridad en esta causa.
Si bien un primer informe de autopsia avalaba esa hipótesis, una segunda intervención al cadáver de la joven -realizada en La Plata en julio pasado- arrojó como resultado que posiblemente había muerto por una asfixia provocada de manera intencional. El hecho que se les imputa a quienes tenían a su cargo custodiarla mientras permaneció privada de la libertad en la Estación de Policía Comunal de Laprida.
Teniendo en cuenta las conclusiones del informe de esa segunda necropsia, el mes anterior el fiscal José Ignacio Calonje solicitó las detenciones de los cinco policías investigados por este hecho. Un pedido al que diera lugar Fabiana San Román, la magistrada a cargo del Juzgado de Garantías 1 con asiento en Olavarría que entiende en la instrucción de este sumario penal.
Pero ahora, sobre la base del nuevo informe confeccionado por especialistas pertenecientes a la ya referida Dirección General de Criminalística, las conclusiones de ese estudio parecerían favorecer las situaciones procesales de los policías investigados, cuatro de los cuales son señalados todavía como los probables autores materiales del homicidio de la joven y un quinto agente, como quien habría encubierto un presunto asesinato en esa comisaría donde todos ellos desempeñaban funciones.
«En esta instancia no es posible -en cumplimiento con el rol objetivo que me asiste- solicitar la prisión preventiva de los detenidos, conforme el avance de la investigación y los elementos hasta aquí colectados, por lo que solicito a Su Señoría disponga la inmediata libertad de los encartados:
Vanesa Soledad Núñez, Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Gisel Di BIn, Juliana Zelaya y Leandro Esteban Fuhr, dado que no habré de requerir la prisión preventiva de los mismos por no contar por el momento con nuevos elementos que fortalezcan y acrediten el hecho ilícito que les fuera formalmente imputado y sus participaciones», señaló el fiscal Calonje en ese escrito que presentara ante el Juzgado de Garantías 1 con asiento en Olavarría.
La decisión se conoció luego de que en horas de la mañana de hoy familiares y allegados de todos esos policías protagonizaran una movilización en Azul frente a la sede la Fiscalía General Departamental, la casona donde también tiene asiento la UFIE a cargo del funcionario judicial José Ignacio Calonje.
Tal como habían hecho el pasado sábado en Laprida, esas personas se manifestaron pidiendo las liberaciones de los policías investigados, por considerar que fueron totalmente ajenos a lo sucedido con la joven Daiana Abregú, que cuando su muerte se produjo el pasado 5 de junio tenía 26 años de edad.
Más allá de la solicitud formulada, el Fiscal a cargo de la tramitación de este sumario penal aclaró en ese escrito presentado ante el Juzgado de Garantías que «continuará con las labores de investigación, no descartado ninguna hipótesis ni eventuales responsabilidades», por tratarse el hecho materia de esta pesquisa de «una muerte en custodia y en contexto de encierro». En Línea Noticias
PH: En Línea Noticias – Los Policias estaban alojados en la sede de la policía Federal de Olavarría
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