Fabiana San Román, titular del juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría, fue quien hizo lugar
al pedido de detención solicitado por las querellas hace una semana y acompañado por el
Fiscal Calonje.
Al momento de resolver la detención dijo San Román, «si bien no se puede determinar la
participación directa que le cupo a cada uno de los implicados con respecto a la
mecánica de producción de la muerte de Daiana (por caso, quién la asfixió, quién la
inmovilizó y/o le sujetó los brazos y/o las piernas, etc.), ya que la prueba viene aportada
por la voz de los propios agresores, lo cierto es que lo colectado y su cotejo con el acta
de procedimiento permiten inferir una conexión directa entre las posibles acciones u
omisiones homicidas desplegadas por los funcionarios policiales y el mecanismo
producto del cual coactuaran para que se produjera el óbito».
Sostiene San Román que por eso, «existen elementos suficientes e indicios vehementes
para tener por acreditada la existencia del delito de homicidio doblemente agravado por
su comisión con el concurso premeditado de dos o más personas y por tratarse de
miembros de las fuerzas de seguridad policial en abuso de su función, y en ese caso
motivos bastantes para sospechar que Juliana Zelaya; Adrián Osvaldo Núñez; Vanesa
Soledad Núñez y Pamela Di Bin han participado en su comisión en calidad de coautores».
Agregó San Román que, «con respecto a la participación de Leandro Esteban Fuhr en el
delito investigado, entiendo que el mismo reviste en este estadio procesal la calidad de
encubridor, subsumiéndose su conducta en la figura del encubrimiento agravado, en
razón que la probatoria colectada no permite sostener su dominio en la ejecución del
hecho».
Sigue diciendo San Román sobre el policía Fuhr, «si bien ese día cumplía funciones en la
dependencia policial, lo cierto es que se ha determinado que también realizaba
recorridas por cuadriculas, lo que presupone su ingreso y egreso constante del centro
policial».
A esto agrega, «no puedo tener por abastecida fehacientemente su presencia en la
dependencia a la supuesta hora de acaecidos los hechos y situarlo ante ello en un rol
activo por acción u omisión homicida, ya que se habría retirado previamente y
regresado aparentemente cuando la víctima ya era objeto de maniobras de resucitación,
para continuarlas hasta la llegada de los facultativos médicos».
La jueza de Garantías va más allá y explica que, «de lo relevado puede sostenerse que,
desde que Daiana fuera trasladada esposada hasta el interior de la comisaría a las 7:20
de ese día 5 de junio de 2022, luego de certificarse su buen estado de salud y la ausencia
de lesiones en el Hospital zonal, se mantuvo ininterrumpidamente bajo custodia de
funcionarios estatales hasta su deceso, donde no sólo se atentó y omitió preservar su
integridad física; sino que, en un plan conjunto y deliberado en aras de procurar su
impunidad, se pretendió instalar una coartada suicida que se viera desmoronada con las
resultas del segundo informe autopsíaco».
Sostiene además que, «no huelga señalar que la fecha de los hechos se condice con un
día domingo, con nula afluencia de personas ajenas a la dependencia policial que se
ubica en una pequeña localidad de menos de 10.000 habitantes en la provincia de
Buenos Aires, lo que resulta favorecedor de un actuar deliberado para ocultar, modificar
y alterar la escena del crimen, con una hipótesis de suicidio que, ha quedado ‘prima
facie’ demostrado, resultó falsa».
La hipótesis del suicidio fue la primera que mencionó la policía y que avalaron, de manera
continuada, dos agentes fiscales: primero Christián Urlezaga de Olavarría que tiene a su
cargo la Ayudantía Fiscal de Laprida y más tarde el propio José Ignacio Calonje. Este
último, dicen las querellas, se mantuvo en la postura del suicidio hasta el contundente
informe de la reautopsia de Daiana, realizada en La Plata y cumpliendo con lo dispuesto
en distintos protocolos que se aplican para muertes en contexto de encierro o que se
sospecha fueron llevadas adelante por fuerzas de seguridad.
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