


El asesinato de un ciudadano armenio, de 35 años, con unos diez años de residencia en la República Argentina, ocurrido en horas de la mañana del martes último (8/12), puso en la consideración ciudadana las condiciones de seguridad que le asisten a quien, en la CABA o en el Gran Bs. As circule por una calle o un espacio público.


Este armenio, que era alguien que trabajaba como quiropráctico y daba clases de esta materia a cientos de alumnos, circulaba en bicicleta, por el barrio porteño de Retiro, cuando fue abordado por un grupo de jóvenes con intenciones de robo del vehículo y en esas circunstancias resultó herido con un arma de fuego, de lo que falleció mas tarde.
El accionar policial permitió la inmediata detención de quien sería el autor material del hecho, que resultó ser un adolescente de 15 años, con antecedentes que por razones legales no pueden ser considerados.
El hecho, ocurrido en una zona céntrica de la Capital, en inmediaciones del Hotel Sheraton, estaciones terminales de trenes y de micros de larga distancia, es un lugar elegido para delinquir por niños y jóvenes que viven en la cercana Villa 31. El detenido y acusado de ser el autor del crimen, según trascendió , en lo que va del año y pandemia en curso, había sido detenido al menos en cuatro ocasiones, por delitos de los que no puede ser imputado, dada su corta edad.
Inmediatamente se volvió a considerar de diversas maneras la necesidad de un urgente tratamiento de la Ley Penal Juvenil, tantas veces postergada.
Si la memoria no me juega una mala pasada, puedo afirmar que el 17 de octubre (fecha sugestiva si las hay) del año 2002, se daba media sanción a una ley que permitía votar a los jóvenes con edad comprendida entre los 16 y 18 años, y elegir a autoridades nacionales para los poderes ejecutivo y legislativo.
Si un joven tiene la madurez necesaria para elegir gobernantes, ¿por qué no puede tener capacidad para reconocer el desvío de su conducta y cometer hechos ilegales? y la otra pregunta que surge de inmediato ¿Quién se opone a discutir esta ley, imprescindible para dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos que piden seguridad?
Hay cosas que son difíciles de entender porque hay quienes se niegan a dar explicaciones. Si se logra corregir este inconveniente, se podrá tener la ley y proceder con quienes nos impiden ejercer el derecho republicano de transitar libremente, sin los peligros de delincuentes que parecería cuentan con la mirada distorsionada de quienes fueron elegidos para legislar.