El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó a diez años de prisión a Aureliano Villalba Cabrera (35), de nacionalidad paraguaya, que de esta forma es el cuarto condenado por una tentativa de contrabando de 196,36 kilos de clorhidrato de cocaína, destinado para su comercialización fuera del territorio nacional. El cargamento había sido hallado en junio de 2022 por la Prefectura Naval en seis bolsos que flotaban en la ría del Puerto de Bahía Blanca y en otro que apareció en una orilla, luego del hallazgo de un bote semirrígido abandonado a la deriva en la misma zona.
En el debate intervinieron el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narco criminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y la fiscal coadyuvante de esta oficina especializada, Patricia Cisnero, quienes sostuvieron la acusación por contrabando contra Villalba Cabrera, pese a que resultó evidente que, por razones ajenas a la banda, no pudo concretarse la maniobra, que consistía en subir el cargamento a un buque de navegación transoceánica.
Villalba Cabrera fue detenido en diciembre de 2022 en Paraguay, luego de permanecer varios meses prófugos. Los reportes migratorios aportados por las autoridades de ese país, en el marco de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (RFAI), permitieron establecer que, luego de salir ilegalmente de la Argentina por un paso no habilitado, cruzó desde Bolivia hacia Paraguay, y que allí permaneció oculto hasta que fue apresado, luego de haber sido víctima de un intento de sicariato, posiblemente vinculado a las actividades ilícitas en las que estaba inmerso. Tras ello fue extraditado a la Argentina, lo que permitió finalmente que fuera juzgado.
El debate que culminó este lunes había iniciado el 17 de febrero pasado y se desarrolló a lo largo de catorce audiencias. La fiscalía, a través de la fiscal coadyuvante Patricia Cisnero, alegó el 21 de abril, en la misma oportunidad que lo hicieron los representantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que ejerció el rol de querellante en el proceso.
Cisnero realizó en su exposición un recorrido por la prueba reproducida en el debate, y solicitó se condenara al acusado a la pena finalmente impuesta de 10 años de prisión, a la pena de multa que determine ARCA y a diferentes sanciones accesorias de inhabilitación que establece el Código Aduanero, por considerarlo coautor de contrabando de exportación agravado, por haber sido cometido en relación con estupefacientes, que por su cantidad estaban inequívocamente destinados a ser comercializados fuera del territorio nacional y por la intervención de tres o más personas.
Los jueces José Fabián Asís, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido consideraron a Villalba Cabrera como partícipe primario del delito por el que acusó la fiscalía, en grado de tentativa.
El tribunal dispuso además la inhabilitación especial de cinco años de Villalba Cabrera para el ejercicio del comercio, la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad y la inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena para desempeñarse como funcionario o empleado público.
Por otra parte, puso a disposición de la Delegación de la ARCA de Bahía Blanca los bienes secuestrados a los condenados, con fines de decomiso: el bote semirrígido “Al I Lafken II”, una camioneta Ford Ranger 4X4 y el GPS de la embarcación. La lectura de los fundamentos se realizará el 19 de mayo a las 13.00.
Otros tres involucrados, Emiliano Maximiliano Peralta, Emilio Juan Ángel Villalba Cabrera y Lilian Noemí Jara Cabrera, habían resuelto su situación procesal en acuerdos de juicio abreviado que fueron homologados por el mismo tribunal, integrado de forma unipersonal por el juez Ernesto Sebastián, quien dictó sentencia el 31 de mayo de 2024. Recibieron penas de 3 años de prisión efectiva, 4 años y 6 meses de prisión y 4 años y 2 meses de prisión, respectivamente, y diferentes penas de multa como partícipes secundarios del delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas. En tanto, Ignacio Rolando Orué, quien también había sido acusado e iba a ser juzgado en ese proceso previo, falleció antes de que se celebraran los acuerdos y se declaró extinguida la acción penal a su respecto.
“Patrón”
El caso tuvo su inicio el 27 de junio del 2022 con el hallazgo del bote abandonado y a la deriva en el canal de acceso a la terminal portuaria de Bahía Blanca.
Tres días después la Prefectura halló cinco bolsos, acondicionados de forma estanca y hermética, flotando sobre el espejo de agua en la ría de acceso del Puerto, que contenían 25 paquetes de clorhidrato de cocaína cada uno, con un peso total de 141,820 kilogramos. Al día siguiente, encontraron un sexto bolso de características similares a los anteriores en la misma zona, lo que elevó el hallazgo de estupefacientes a un peso total de 170,290 kilogramos.
A su vez, el 18 de julio, cerca de las 9.00, en la playa cercana a la Base de Infantería de Marina Baterías, se halló semienterrado en la arena un bolso color negro, cerrado, sujeto con sogas. Al verificar su contenido, se encontraron 25 panes de clorhidrato de cocaína, cuyo peso arrojó una cantidad ligeramente superior a los 26 kilogramos.
Los siete bolsos encontrados contenían 196,360 kilogramos de cocaína. En un peritaje se pudo verificar en todos ellos que los panes de droga compactados tenían la leyenda “Patrón” grabada bajo relieve y que el porcentaje de pureza de la droga era similar en todos los casos, rondando el 80 por ciento.
La pesquisa también determinó que los bolsos provenían del bote semirrígido e individualizó a los responsables a partir de diferente evidencia.
Un octavo bolso con cocaína igualmente acondicionada fue encontrado por un pescador de la zona de Pehuen-Có, flotando sobre el mar, quien, en lugar de denunciarlo, se lo quedó y repartió su contenido con otras tres personas. El caso fue conocido a través de un testigo de identidad reservada. Apartir de las referencias se pudo detener al pescador, Salvador Sottile, quien también acordó con la fiscalía. Recibió seis años de prisión por tráfico de estupefacientes y por la tenencia de un arma civil de fuego de uso civil sin autorización en un juicio abreviado que fue homologado por el juez Sebastián el 22 de noviembre de 2023.
En tanto, el 22 de diciembre de 2024, poco tiempo antes de que iniciara el juicio a Villalba Cabrera, se tomó conocimiento del hallazgo de otros cuatro bolsos, muy similares a los encontrados en la ría de acceso al puerto en 2022, que también contenían paquetes con cocaína por un peso total de 112 kilogramos, identificados también con el sello “Patrón”. Este nuevo hallazgo, por decisión del tribunal, no fue incluido dentro del objeto del debate.
Los panes de cocaína estaban acondicionados en bolsos cerrados de forma hermética. Cada uno tenía la inscripción "Patrón" en bajo relieve. Foto: Prefectura Naval.
La factura, el rastreo satelital y la identificación de los responsables
El 30 de junio de 2022, antes del hallazgo del primer bolso con la droga, en la zona conocida como “El Vertedero”, sobre la costa del canal de acceso al puerto de Ingeniero White, personal de la Prefectura halló una factura emitida días antes, el 23 de junio, por una firma ligada a una estación de combustible con alojamiento para viajantes ubicada en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires.
Ese documento figuraba emitido a nombre de Emilio Juan Ángel Villalba Cabrera y refería al alquiler de una habitación cuádruple para la noche del 22 de junio. Los investigadores luego constataron que Orué se había alojado en el cuarto contiguo y, con el registro de pasajeros del hotel, corroboraron el resto de los nombres de quienes efectivamente se alojaron.
En tanto, la averiguación sobre la titularidad de la embarcación secuestrada permitió conocer que estaba en marcha un trámite de transferencia de la nave. De allí surgió el nombre del ahora condenado Aureliano Villalba Cabrera.
El análisis del rastreador satelital del semirrígido permitió establecer que antes de su hallazgo la droga había sido trasladada hacia Coronel Pringles, Punta Alta, Villa del Mar (Coronel Rosales), Ingeniero White y Bahía Blanca.
Las tareas de inteligencia criminal y la declaración de testigos permitieron conocer que el bote había sido trasladado a Villa del Mar, antes de su abandono, en un tráiler sujeto a una camioneta marca Ford Ranger 4x4 -la decomisada por el tribunal oral-, cuya titularidad estaba a nombre de Peralta, aunque éste último se comportaba como un mero prestanombre, pues su verdadero usuario y poseedor era Aureliano Villalba Cabrera.
Las intervenciones telefónicas de los investigados y personas de su entorno y el análisis del contenido de los teléfonos celulares secuestrados luego de los procedimientos desarrollados en 2022permitieron conocer que la intención de la organización era -de acuerdo con la hipótesis con la que fue requerido su juicio oral- “exportar los estupefacientes a través de un buque apto para una travesía prolongada, posiblemente transoceánica, pues de lo contrario no se justificaría que se hayan movilizado hacia una terminal portuaria que ciertamente está muy distante de su lugar de residencia” en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
A partir de las escuchas también se conoció que al menos un integrante de la organización, tras ser torturado por integrantes de estamentos superiores de la organización, había brindado información sobre los detalles del extravío de la droga, posiblemente haciendo referencia a aquella que fue hallada y que dio origen a la investigación.
Merced al intercambio de información a través de la RFAI con colegas de la República Plurinacional de Bolivia y de la República del Paraguay, la fiscalía recabó información valiosa respecto de varias de las personas involucradas en la maniobra, algunas de las cuales permanecen prófugas.
El Orden Coronel Pringles
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